Majadahonda lucha contra el absentismo escolar

Alumna

El Ayuntamiento de Majadahonda y la Comunidad de Madrid renovaron el convenio para la prevención y control del ausentismo escolar en los centros educativos del municipio.

A través de este acuerdo, las administraciones locales y regionales pretenden dar respuesta a esta problemática, de forma transversal, durante el periodo de escolaridad obligatoria de 6 a 16 años.

El desarrollo de este acuerdo se ajusta a las medidas contenidas en el programa marco para la prevención y el control del absentismo escolar, cuyos objetivos específicos son contribuir al control efectivo de la asistencia a clases de todos los estudiantes; detección temprana del ausentismo escolar para prevenir posibles situaciones de abandono y fracaso escolar; realiza el seguimiento del alumnado en riesgo de absentismo laboral por su situación personal, familiar y/o social, así como establece procedimientos de colaboración y coordinación entre las distintas instituciones.

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Cada centro escolar es responsable de la articulación medidas de intervención adecuada a los casos de absentismo que detecta y cuenta con una «comisión de absentismo» para evaluar la situación y promover medidas preventivas. Aquellos casos con características graves son remitidos al Consejo Local de Absentismo. La citada comisión elabora un plan de prevención y control del absentismo escolar para cada curso, que se evalúa en la memoria anual del centro.

Por otro lado, técnicos municipales intervienen en Mesa local contra el ausentismo trabajando en coordinación con centros educativos, Servicios Sociales y Policía Local.

El ayuntamiento también apuesta por desarrollar campañas informativas sobre la obligatoriedad de la escolarización, dirigidas a las familias, y por promover actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a la integración social de los estudiantes en riesgo de ausentismo.

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La Comunidad de Madrid este año aportará un total de 9.230,94 euros para las actuaciones antes mencionadas. Una comisión de seguimiento, integrada por representantes del Ayuntamiento, la Concejalía de Educación y Universidades Comunitarias, así como las asociaciones de padres municipales legalmente constituidas, son las encargadas de supervisar las actuaciones.

La Constitución de España establece, en su artículo 27, el derecho a la educación de todos los españoles como uno de los derechos fundamentales y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que los ciudadanos disfruten por igual de este derecho.

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